El pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva del Copyright. La propuesta ha salido adelante después de toda la polémica surgida alrededor de los artículos 11 y 13 que figuraban el borrador inicial. Ana Azurmendi, directora del Center for Internet Studies and Digital Life y profesora de Derecho de la Comunicación en la Universidad de Navarra, explica las claves para entender qué está pasando con esta directiva y también con la Ley de Protección de Datos, aprobada en España en noviembre de 2018

ANDREA BRAVO.- 274 votos en contra y 348 votos a favor. Así se aprobó la nueva directiva europea del copyright, una propuesta que tiene por objetivo adaptar la normativa existente sobre los derechos de autor al entorno digital. Los artículos 11 y 13 (ahora 15 y 17), han sido los que más polémica han levantado en Internet.

¿En qué consisten estos dos artículos?

La nueva directiva y, en concreto, el artículo 17, afecta a las plataformas de contenidos compartidos, principalmente a Google, Facebook y Youtube. Con esta normativa, se les exige e impone por ley un deber de control y una responsabilidad: la plataforma digital es ahora la encargada de que los contenidos que se suban por parte de cualquier usuario cumplan los derechos de autor.

¿Por qué ha causado tanto revuelo este artículo?

Youtube, por ejemplo, ya tenía un software que discriminaba contenido ilícito del lícito. Todos los contenidos que se suben a la plataforma, ellos lo revisan para saber si es original o no. En caso de que se les “colara” algo ilícito, nunca eran responsables directos de ese contenido, puesto que con tener un plan de prevención y un software como el suyo bastante. Ahora, sin embargo, tienen que hacerlo por ley. Es decir, en el caso de que fallen u omitan por un fallo del software, ellos serán responsables desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Ahora un autor o una agrupación de autores podrán denunciar a las plataformas directamente porque la ley les pone en primer lugar.

¿Y el artículo 15?

En este artículo, la Unión Europea dice que adopta el modelo que ya tenían Alemania y España acerca de los servicios de agregación de contenidos. En este caso, se reconoce un nuevo derecho a los editores de prensa, que les permitirá controlar el uso en línea de sus publicaciones por parte de otros portales que ofrezcan información, como Google News. Fue en 2014 cuando las cabeceras españolas dejaron de aparecer en Google News, tras negarse este último a pagar lo que le pedían los medios por quitarles visibilidad directa a sus portadas. En ese momento, Google News dejó de ofrecer resultados de las cabeceras principales en España, pero ahora la Directiva Europea le obliga a pagar. Habrá que ver cuál será su respuesta.

Hay personas en las redes que se han preocupado por los memes. Piensan que pueden desaparecer

Los memes no van a desaparecer. La sátira y las parodias son una excepción de la propiedad intelectual, siempre que no produzcan confusión con la obra original, condición con la que los memes cumplen. Son parodias, pero adaptadas a las redes sociales.

«Cualquiera puede verse afectado por esta normativa. Al final, todos trabajamos con datos personales o manejamos nuestros propios datos»

Sobre la Ley de Protección de Datos. ¿Por qué ha sido tan importante?

Porque, en cualquier nivel, cualquiera puede verse afectado por esta normativa. Al final, todos trabajamos con datos personales o manejamos nuestros propios datos. Con esta ley surgen nuevos derechos y principios, como la ley de portabilidad, de limitación, el principio de minimización, de transparencia… pero también nuevas figuras, como el delegado de protección de datos.

¿En qué consiste exactamente esta ley?

El reglamento europeo se aprobó en mayo de 2016, pero entró a aplicarse al cien por cien en mayo de 2018, y ahí es cuando ha comenzado “el terror”. La razón: supone un cambio en el modelo de regulación. Antes, si se pillaba a una empresa utilizando datos sensibles y vendiéndolos a una campaña, ya sea de publicidad o electoral, se les multaba como castigo. El problema era en que, al haber tantas empresas al poder de tantos datos, era imposible vigilarlas a todas ni tener millones de inspectores de datos para verificar si se cumplía la ley. Por eso, se ha pasado a otro modelo donde se obliga a todas las empresas a tener un plan de prevención de riesgos de protección de datos. Eso significa tres cosas: 1) como empresa, debes analizar cuáles son los riesgos que tienes respecto a la protección de datos, 2) necesitas conocer la legislación en torno a esta materia, 3) quizá debas nombrar a una persona dentro de tu empresa que se encargue de este tema y 4) debes establecer una formación para tus empleados acerca de la protección de datos, al igual que preparar informes por si te llega una inspección de datos.

¿Cómo afecta esto a las empresas?

Para las empresas medianas y pequeñas, existe una gran desproporción. Es como si fuera una ley pensada, sobre todo, para empresas muy grandes. No hay más que fijarse en las sanciones: las más graves consisten utilizar datos sensibles sin consentimiento del usuario: ideológicos, de creencias, actividad sexual, etc. Por ello te pueden pedir 4 millones. ¿De qué empresa nos está hablando? Hay claramente una desproporcionalidad en esta ley. No obstante, es cierto que tiene especificaciones y no se obliga a todos a todo, pero tienes que entrar en la ley para eso. Fíjate que solamente por tratar datos sensibles, como por ejemplo de salud, incluso una pequeña residencia de 10 ancianos está obligada a cumplir con los requisitos mencionados anteriormente.

¿Qué implicaciones tiene para el usuario?

Tiene muchas ventajas desde el punto de vista del usuario. El consentimiento del usuario es la principal herramienta que tiene el ciudadano para controlar uno mismo qué información personal está en internet. También se reconoce el derecho al olvido, aunque eso ya se reguló desde 2014. También hay otros derechos, como el de portabilidad. Ahora viajamos mucho más que hace 25 años. Este derecho supone que, si yo hago una estancia fuera, aunque sea de una semana, y estoy suscrita a portales como Netflix España, estos portales tienen la obligación de facilitarme la transferencia de mis datos a Netflix UK, por ejemplo. Yo, esté donde esté, puedo trasladar mis servicios sin darme de alta como una usuaria distinta.

Es una ley que ha beneficiado al ciudadano

Claro, porque es una ley de protección de datos personales del usuario. Es como una ley de privacidad para internet. Porque la privacidad en internet consiste en datos personales de muchos tipos, pero los que más afectan a la privacidad son los datos personales de comportamiento: qué cosas me gustan, qué cosas compro, cuántas veces entro a mis redes sociales… eso es con lo que más se trafica.

«Se deben hacer “leyes sombrillas” con principios amplios, para que luego las empresas y ciudadanos puedan ampliar esos principios amplios a sus negocios o actividades»

¿Cree que todavía falta mucho por legislar?

No sé si es deseable que se legisle tanto. Yo creo que tiene que haber un equilibrio: legislar no vale de nada la ley si actúa sola. Tiene que haber, en primer lugar, un empoderamiento de los ciudadanos sobre sus derechos (y de eso va esta ley). En segundo lugar, unas autoridades de protección de datos en cada país que funcionen de forma efectiva y, en tercer lugar, se tiene que desarrollar muchísimo más el software que, por diseño, proteja datos. Se necesita que ese software esté ya por defecto en todas las aplicaciones y plataformas digitales en Internet. Esto no existe actualmente. Repito, hace falta que ese empoderamiento que se le ha dado al usuario sea eficaz. Es hacer que todo el mundo sepa que podemos pedir que retiren datos nuestros de las redes sociales porque tienen la obligación de hacerlo. El problema es que hasta que la persona que está ahí jugando con tu imagen o datos no se ve amenazada, no lo hace. Tenemos que llegar a un punto en el que este derecho sea tan reconocido por todo el mundo, que cuando alguien te pide que retires algo de Internet, lo haga al momento, inmediatamente. Y eso todavía no ocurre.

¿Por qué ha dicho que no sabe si es deseable que se legisle tanto?

Yo creo que hay que llegar a un punto de equilibrio, porque la ley no lo es todo. Mi opinión es que es mucho mejor hacer “leyes sombrillas” con principios amplios, para que luego las empresas y ciudadanos puedan ampliar esos principios amplios a sus negocios o actividades. Cuando tenemos leyes con tantas especificaciones, se complican las cosas para todos. Parece que necesitas un doctor para descifrar la ley. Al ser una ley que está dirigida a todos los ciudadanos que tratan de una manera u otra con datos personales, debería ser más simple.

¿La justicia va demasiado lenta ante los cambios tan rápidos que se producen con Internet?

Es cierto que la justicia y la creación de leyes va lenta, pero yo creo que la Unión Europea está bastante adecuada a los tiempos de las tecnologías. Por ejemplo, el problema del derecho al olvido se planteó en el año 2000, y en el 2014 se legisló. Aunque para las personas afectadas es muchísimo, en realidad catorce años para dar con un derecho que resuelva ese problema no es mucho tiempo. Aunque todo vaya más rápido, Internet nos facilita la vida en muchos sentidos. ¿Cómo vamos a renunciar a todo lo que nos aporta la sociedad de la comunicación en la que vivimos? No podemos renunciar, aunque sí que tenemos que intentar limitar los aspectos negativos que nos afectan, como puede ser la pérdida de privacidad, siempre dentro de unos límites razonables.

¿Algo más que destacar de esta ley?

Sí, el hecho tan polémico de que la Ley española de Protección de Datos, de entrada, excluya de su aplicación a la ley del régimen electoral. Es decir, no afecta a la ley del régimen electoral. Y además, en la disposición final tercera se añade el artículo 58 bis, que es el que permite obtener datos de los usuarios de carácter ideológico y hacer perfiles políticos a partir de datos que estén en webs, redes sociales, etc. Que es justo lo contrario a lo que dice el reglamento. El Defensor del Pueblo lo ha llevado al tribunal constitucional, pero hasta que lo resuelva, ya habrán pasado las elecciones. Quizá para las elecciones siguientes esto ya no pueda hacerse, pero mientras tanto, seguirá pasando solo en España.

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